Manos ásperas

ESTEBAN ORDÓÑEZ/ CÉSAR PONCE

Los afectados por las expropiaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche consideran que el ayuntamiento ha regalado sus años de esfuerzo

La mano de Ángel Cecilia raspa como una corteza. Desde su metro sesenta de estatura inclina una sonrisa aún viva a pesar de las dificultades. Saluda con contundencia y sus dedos ásperos revelan el esfuerzo que asoma tras cada casa derruida para dejar espacio a la construcción de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Trabajó “27 horas al día” para levantar un hogar y un negocio. Invirtió todo el dinero que ganaba, conectaba su jornada laboral con las obras de arreglo de la nave y la vivienda. “A las tres de la mañana terminaba y al día siguiente otra vez”, repite con orgullo. Pasó 29 años trabajando en el taller adosado a su vivienda. “Cuando conseguimos salir adelante, un hachazo, y todo al traste”.

Los afectados, entre los que se encuentra Ángel, son víctimas de la fase 2b y 3a. Pero el proceso anterior (2a y 1a) se abrió en 1997, antes de la construcción de la Universidad. El ayuntamiento ofreció 1.500 pesetas por metro cuadrado. Tras diferentes impugnaciones, emprendidas igualmente por la abogada de un tercio de las víctimas de la fase actual, Gabriela Navarro, la cifra ascendió a 8.000 pesetas. Los expropiados consiguieron su indemnización, pero diez años después. Hoy, con la segunda fase, se repite la lucha por los precios, “pero entonces en cuatro o cinco meses los afectados cobraron la indemnización que según el ayuntamiento era razonable. A partir de la emisión de la hoja de aprecio debe abonarse la indemnización en seis meses, la discusión por la cantidad va aparte; sin embargo, en esta segunda tanda también pleiteamos con el gobierno por moroso porque la hoja salió en noviembre de 2009 ”, aclara Navarro.

Ángel Cecilia ayuda a colocar las pancartas en la concentración del día 28 de febrero frente al Ayuntamiento

En total la administración debe 18 millones de euros. Entre tanta pugna los expropiados se sienten desamparados: “No sabemos lo que va a pasar con nuestro dinero, pero sí lo que ha ocurrido con nuestras casas. Los plazos esperan, pero las máquinas no”, lamenta Ángel Cecilia. Manuel Castillo, otro de los damnificados, lo sabe bien. Perdió su única vivienda y ha tenido que hipotecar de nuevo su vida: “Yo no pago y me quitan la vivienda, si el alcalde no nos paga no le pasa nada”.

Guerra de cifras

La propuesta del consistorio ilicitano redujo a 12 euros el precio del metro cuadrado de la zona. No existía fijado un rendimiento del suelo y, amparado en esto, estableció un aprovechamiento cero. Gabriela Navarro aclara que la ausencia de esta calificación exige acudir a las ponencias catastrales y, cuando éstas están en desuso, hay que valorar los alrededores. “Incluso un terreno para un patatal supera el cero”, compara Navarro. Los terrenos están situados en un lugar estratégico de la ciudad, cercano al centro y en los aledaños a la estación de autobús y tren. Además, se integra en una de las rondas que dividen Elche y se considera suelo urbano, según los expropiados. Por ello solicitan 339 euros por metro cuadrado. La decisión está en manos del Tribunal Superior de Justicia.

De cualquier modo, por el momento sólo esperan el cobro de los 78,08 euros por metro cuadrado, cifra finalmente asumida por el ayuntamiento y apoyada por la resolución del Jurado Provincial de Expropiaciones. Lejos de estas pujas, Damián Cuadrado, perjudicado por el plan y pastor evangélico, no comprende la capacidad de la clase política para tasar el esfuerzo que los vecinos han volcado en la zona. El predicador cita uno de los Lamentos de Dios: “Ay de aquel que hace leyes injustas para desposeer a la viuda y al huérfano”. Después de relatar el caso de unos argentinos sin hogar que recogió su iglesia pentecostal, describe la, según él, amplia espalda que los gobernantes oponen ante los desfavorecidos: “Los políticos ascienden al poder gracias a la confianza de unos ciudadanos a los que deben proteger. Pero, una vez alcanzada la silla, desarrollan todo tipo de leyes para protegerse”. Matiza también que no se trata de la expropiación a empresas grandes que cuentan con beneficios y sólo arriesgan su excedente, sino que el “expolio” recae sobre las necesidades básicas de gente humilde.

La familia del afectado Damián Cuadrado adquirió la casa expropiada después de años de trabajo y la venta de todos sus bienes en Lorca

Una vida expoliada

Damián llegó a Elche a los trece años. Su familia, labradores de Lorca (Murcia), vendió todas sus pertenencias y se trasladó. Aún así el dinero no alcanzaba para la compra de una casa en los terrenos de la Universidad. El predicador, que ya acumulaba experiencia laboral junto a un rebaño de ovejas desde los nueve años, se empleó en una fábrica para ayudar a su padre a conseguir la parcela.

Entre la década de los cincuenta y los sesenta, la zona estaba dividida en pequeñas propiedades de 2.000 o 3.000 metros. “Eso era un jardín, la gente vivía allí para cuidar sus tierras, el 90% de las parcelas estaban destinadas al consumo propio”, recuerda Cuadrado.

Un centro universitario es un bien colectivo, la única restricción posible que sufre la propiedad privada, y los implicados no cuestionan su necesidad. Pero el incumplimiento de plazos y la unilateralidad de las medidas, deslizan, según ellos, un total abandono y un interés preferente por el prestigio y la prosperidad material. Ángel asiente cuando sus compañeros exponen estas quejas y recuerda cómo se permitió la rectificación del trazado de una zanja para proteger un algarrobo centenario. Sus manos encalladas recuerdan a su corteza, pero las máquinas no rodearon su casa.

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