Sin remedio a las picaduras urbanísticas

CÉSAR PONCE / ESTEBAN ORDÓÑEZ - DESPIECE

“La confianza con el gobierno es 0”, confiesan los vecinos de “El Rodalet” a pesar de la reciente aprobación del PRI (Plan de Reforma Interior) que asegura la rehabilitación de la zona. Desconfían de que la actuación se eternice entre papeleos y aplazamientos, cuando las urgencias reclaman una intervención inmediata. “Es como si ante una plaga de mosquitos, solicitas ayuda al gobierno y te tranquilizan dándote un vale canjeable por un spray insecticida. Cuando llega el remedio no hay resquicio en el cuerpo sin picaduras”.

Motivos tienen para recelar. El optimismo siempre reina en los anteproyectos de obras, pero pocas veces se cumplen los plazos previstos. Multitud de casos a nivel nacional corroboran esta realidad; los vecinos de “El Borrás (Valencia)” denuncian la demora en la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) en el entorno de la muralla islámica. La recuperación de la zona, reclamada desde 2006 ha necesitado cuatro años para conseguir las licitaciones pertinentes. Otro caso sangrante es el de Aragón, donde en 2010 se admitieron retrasos de un año en casi la totalidad de obras, además de anunciarse la anulación de las ejecuciones no imprescindibles. Aun así pueden mostrarse satisfechos en relación a la Unidad Vecinal de Absorción (UVA) de Hortaleza (Madrid), donde más de 3000 vecinos reclaman la remodelación de sus casas desde que en 1986 se aprobara la necesidad de una actuación en el barrio, corroborada en 1991 por el Instituto de vivienda. Los retrasos en este caso llegan a las dos décadas ante la desesperación de los afectados; “Remodelación ya. 20 años de retraso. Ivima incumple”

Mención especial merece el caso de Huelva, donde faltan dedos para enumerar los proyectos que no cumplen los plazos previstos; La construcción del Parque del Ferrocarril debía haber finalizado en la primavera de 2007, la remodelación de la plaza 12 de Octubre acumuló retrasos de seis meses siendo el plazo de ejecución previsto de ocho. También se demoraron las obras del nuevo mercado, repercutiendo en la peatonalización de las calles del centro. Otro de los trabajos que tardó en arrancar fue la remodelación de la plaza del Punto, una actuación que la Concejalía de Infraestructura tenía contemplada dentro del paquete de proyectos para el primer semestre de 2006. Al igual ocurre con la rehabilitación y construcción de centros públicos, como el Centro de Iniciativas Empresariales, cuyas obras comenzaron en la década de los 90, sufriendo varios parones, o el pabellón del Saladillo, edificio con el que se culmina el complejo deportivo, que se comenzó a construir en 2005 con 18 meses previstos de ejecución, que se convirtieron en prácticamente el doble.

Quizá el caso más ilustrativo sea el de Madrid, donde los desarrollos urbanísticos propuestos por el PGOM de 1997 poco tienen que ver con el mapa de crecimiento real (ver comparativa -en azul desarrollos más o menos consolidados, en verde desarrollos en los que se ha construido al menos un 50% de las viviendas previstas. El resto de desarrollos no han comenzado su proceso de construcción residencial-)

 

Otro cuadro refleja la comparativa de la gestión urbanística de los PAUS y su evolución: de los seis grandes desarrollos residenciales propuestos en el SE de Madrid, solo se ha ejecutado totalmente a nivel urbanístico el PAU de Vallecas.

 

Los motivos de este fenómeno son variopintos. El más habitual es la confrontación política; la oposición suele movilizar pequeños grupos de afectados con el fin de retrasar proyectos sobre los que no son partidarios. Es el caso del PEPRI (Plan Especial Protección y Reforma Interior) del Cabañal – Cañamelar, un proyecto histórico, que abriría definitivamente Valencia al mar. Desde su aprobación en 1998 ha sufrido demoras a causa de una minoría de vecinos que hasta en 12 sentencias han sido avalado por los tribunales de justicia, entre ellos el Tribunal Supremo. Otro caso parecido es el de la urbanización de Sangueneta (Alicante), que se eterniza debido a la petición de Consellería de Educación advirtiendo que no autorizará la obra si no se incluye un centro escolar. El gobierno popular se sorprende ante esta petición y la oposición socialista sí considera necesario incluir el colegio. Típico juego político de intereses. Pero sin duda el motivo más habitual para la dilatación de proyectos se encuentra en las trabas burocráticas, como se ejemplifica en el Plan Especial de Reforma Interior del barrio murciano de La Paz. El promotor de los trabajos, José López Rejas intenta tranquilizar a los afectados que se desesperan tras cinco años de escasos avances; “siempre que me cruzo con los vecinos trato de explicarles que no es fácil, que hay que adaptarse a muchas leyes y que todos los trámites son muy lentos y necesitan la aprobación del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma y, además, varias veces”. A todo esto hay que sumar los efectos de la crisis y los recortes al ministerio de Fomento para 2010 y 2011.

Mientras el PRI de “El Rodalet” arranca, los vecinos siguen padeciendo las picaduras de la delincuencia sin ningún atisbo de solución inmediata. El barrio se ve abocado al aislamiento a la espera de un spray insecticida que puede llegar demasiado tarde. Si llega.

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