Prohibido rezar

MANUEL SERRANO

La ley de Libertad Religiosa de 1980 reconoce en el Artículo Segundo el derecho de toda persona a “reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el Ordenamiento Jurídico General y lo establecido en la presente Ley Orgánica”. Ese derecho a reunirse para rezar se puede convertir en una utopía para muchas comunidades religiosas de Alicante si finalmente entra en vigor el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta normativa urbanística establece que los lugares dedicados al culto religioso solamente se podrán habilitar en edificios enteros, bien sean aislados o bien dentro de una manzana. De esta manera, se impedirá la apertura de templos en bajos comerciales y entreplantas, aunque la medida no tiene carácter retroactivo.

El nuevo PGOU modificaría la norma fijada en el Plan General Municipal de Ordenación de Alicante de 1987 (PGMOA), que contempla los centros religiosos como salas de reunión. Esta categoría incluye otros locales como academias de música o baile, bares, pubs o discotecas. A esta variedad de centros se le exigen dos tipos de condiciones. Por un lado, requisitos genéricos que afectan a cualquier actividad: accesibilidad, ventilación, protección contra incendios… Por otra parte, tienen que cumplir otras condiciones específicas respecto al sonido y la seguridad. Al tratarse de una actividad que puede generar ruido, antes de completar el trámite para la obtención de la licencia de funcionamiento, se lleva a cabo una auditoría acústica, que consiste en una medición de los niveles de ruido trasmitidos a la calle y las viviendas y locales colindantes. En función del resultado, los locales tienen que revestirse de aislamientos acústicos.

Precisamente, el cambio en la normativa tiene su explicación en los problemas de seguridad por la aglomeración de fieles en los locales religiosos y en las quejas de los vecinos por las molestias causadas en algunos de los inmuebles donde se ubican. “No me parece excesiva esta medida. Una comunidad de vecinos no es el sitio adecuado para un centro religioso, porque las concentraciones de personas pueden provocar inconvenientes a los residentes, como que el ascensor no esté disponible cuando lo necesitan”, comenta Pilar Pérez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Franciscanos-Oliveretes, que a su vez forma parte de la Plataforma Estatal Contra el Ruido (PEACRAM).

La nueva normativa cuenta con un precedente significativo en Alicante. Desde el año 2004, a petición de colectivos como la Asociación de Vecinos de Franciscanos-Oliveretes, el Ayuntamiento de Alicante prohíbe la apertura de salas de reunión en la llamada “Ruta de la madera”. Asimismo, el Barrio y el Casco Antiguo tienen la consideración de Zona Acústicamente Saturada, por lo que las licencias de apertura de bares con música están suspendidas.

La mezquita de Alicante se encuentra en una entreplanta del Raval Roig

En contra de la medida

Los colectivos religiosos consideran la medida redactada en el PGOU demasiado taxativa y generalista, ya que el culto se puede llevar a cabo en silencio. “Se ha usado el título de religión sin definir la forma del uso, ya que todas las personas que están bajo este concepto no tienen los mismos tipos de prácticas: unos tocan la guitarra y cantan, otros se sientan a meditar y otros tienen pequeñas conservaciones”, indica Farhang Jahangosha, miembro de la Comunidad Bahaí y presidente de la Mesa Interreligiosa de Alicante (M.I.A.), quien cree que hay fiestas de cumpleaños que arman más jaleo y tienen más peligro para la seguridad.

El Obispado de Orihuela-Alicante ha tomado la iniciativa en manifestar institucionalmente su oposición a que los templos no se puedan ubicar en bajos comerciales y entreplantas. Para ello, ha presentado una serie de alegaciones al Ayuntamiento de Alicante y a la Conselleria de Urbanismo de la Comunidad Valenciana. Dado que el plazo de alegaciones ya se cerró a nivel municipal, dependerá del Consell estimar la exposición del Obispado. El ecónomo diocesano Francisco Martínez Noguera redactó el escrito, en el que se refiere a los perjuicios económicos que supondría la aprobación de la medida. “La precariedad económica impide comprar un solar y construir un edificio, lo cual supone una inversión notablemente superior a la adquisición de un local”, explica Martínez Noguera. Además, este posible cambio en el planeamiento urbano se plantea en un momento clave para la expansión de las parroquias de la Iglesia por barrios de nueva construcción, como los PAU o la zona de la playa de San Juan, poco abastecidos de momento de este servicio religioso.

No obstante, las confesiones minoritarias serían las más afectadas por la nueva norma del PGOU. En Alicante, existen cerca de 30 entidades religiosas y espirituales instaladas en bajos comerciales o entreplantas. Cuatro de ellas son parroquias católicas y el resto pertenece a otras confesiones. De hecho, solo dos templos no católicos se ubican en edificios completos: la Iglesia Bautista y la Iglesia Evangélica Española (IEE). Ambas se construyeron en los años 60 del siglo pasado, durante el franquismo. “Fue complicado obtener permisos y encontrar un arquitecto que quisiera hacerlo. Primero se consiguió el permiso de habitabilidad para el piso pastoral, pero no lo concedieron para la capilla, por lo que estuvo ubicada en un piso de la calle Cid. Más adelante, permitieron la apertura de la capilla, pero sin ningún signo externo”, cuenta David Manzanas, pastor de la IEE. Aunque los tiempos han cambiado, Manzanas admite que las confesiones minoritarias, que practican un gran número de inmigrantes, tendrán difícil abrir nuevos templos sin ningún tipo de ayuda: “No estoy a favor de que el Estado sufrague gastos de las religiones, pero sí se podría facilitar suelo o dotaciones”. El pastor advierte de que la medida puede favorecer la proliferación de “grupos perniciosos, vulgarmente conocidos como sectas, que reciben financiación desde el extranjero” para llevar a cabo sus actividades.

Soluciones

El administrador de la Comunidad Islámica de Alicante, Khaled Saleh, y el presidente de la Comunidad Judía, Armando Azubel, coinciden en que la creación de una mezquita y una sinagoga enriquecería el patrimonio cultural de Alicante, pero aseguran que escapa de sus posibilidades económicas emprender tales proyectos sin la colaboración de las autoridades municipales. Sin embargo, el único precedente en este sentido data de principios de 2006, cuando el Ayuntamiento tuvo que habilitar una nave industrial del Pla de la Vallonga para el culto musulmán después de ordenar el cierre del centro islámico por motivos relacionados con la seguridad y la falta de una licencia de actividad.

Una de las soluciones que se plantea es la cesión de las instalaciones de un templo para el culto de otra religión. Entre los cristianos, es algo frecuente, tal como señalan el sacerdote ortodoxo Osios Ferrer y José Antonio Martínez, delegado de ecumenismo de la diócesis de Orihuela-Alicante. “En localidades como Torrevieja Elche o Benidorm, cedemos las iglesias a ortodoxos o luteranos para actos puntuales”, apunta Martínez. Pero Farhang Jahangosha incide en que “a cada comunidad le gusta tener su propio ambiente” y rechaza la idea de crear un centro con locales para el culto de diferentes religiones. Por el contrario, el presidente de la M.I.A sí ve necesario organizar un consejo asesor local para las religiones. Todo sea por encauzar el diálogo entre la fe y la sociedad.

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